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La empresa EGDC del príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman ha adquirido el 5% de Capcom

La firma EGDC del Príncipe Heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman ha adquirido el 5% de Capcom

El Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, ha adquirido alrededor del 5% de Capcom a través de una de sus firmas de inversión.

Según informó Gamebiz, la Electronic Gaming Development Company (EGDC) ha adquirido 26,788,500 acciones de la compañía, lo que equivale aproximadamente al 5.03% del total de acciones.

La EGDC es una subsidiaria de la Fundación Misk, también conocida como la Fundación Mohammed Bin Salman, y fue fundada por el Príncipe Heredero.

Es la misma empresa que adquirió el 96% del aclamado desarrollador japonés SNK en 2022, obteniendo el control total de la compañía King of Fighters y Fatal Fury.

Arabia Saudita también compró el 5% de las acciones de Capcom en 2022, con la compra realizada por el Fondo de Inversión Pública del país. Se cree que esta nueva participación del 5.03% es completamente independiente de esa transacción.

Según Gamebiz, se dice que el propósito de esta nueva adquisición de acciones es “inversión pura”, con el objetivo de obtener ganancias de capital y dividendos.

Esta es la última de una serie de inversiones realizadas por Arabia Saudita en desarrolladores y editores de videojuegos en todo el mundo.

La más notable de estas es la propuesta adquisición de Electronic Arts que, si se concluye a mediados de 2026 como se planea, sería una transacción valorada en $55 mil millones con el Fondo de Inversión Pública poseyendo el 93.4% de la compañía.

En los últimos años, funcionarios de Arabia Saudita han dicho que sus inversiones en la industria de los videojuegos ayudarán a modernizar el reino, pero han venido acompañadas de repercusiones negativas debido a las altamente criticadas violaciones de derechos humanos del país.

Notablemente, el príncipe heredero ha sido acusado por la Inteligencia de EE.UU. de ordenar el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El país también ha reprimido históricamente a activistas femeninas y los derechos de la comunidad LGBTQI+, con repercusiones legales para individuos LGBTQI+ que incluyen prisión, multas o la pena de muerte según Amnistía Internacional.